El Ple declara per unanimitat a Sagunt ciutat contrària als desallotjaments d'habitatges familiars

Todos los grupos municipales han aprobado, a propuesta de la PAH, un protocolo para hacer frente a los desalojos por motivos económicos de vivienda habitual para unidades familiares con quince medidas


Plataforma de Afectados por la Hipoteca, durante el Pleno.

 

Ante la vulnerabilidad de las familias afectadas por procesos de desalojo de sus viviendas habituales a raíz de la crisis, y a propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Camp de Morvedre (PAH), los grupos políticos municipales del Equipo de Gobierno, Compromís y ADN Morvedre, y de la Oposición, Partido Popular, Esquerra Unida, Iniciativa Porteña, Partido Socialista y Ciudadanos han aprobado declarar a Sagunto como ciudad contraria a los desalojos de viviendas familiares habituales o de primera residencia.
Igualmente se ha aprobado un protocolo de actuación, con quince medidas concretas, para hacer frente a los desalojos por motivos económicos de su vivienda habitual a familias, que también estaba incluido en la propuesta de la PAH y que mediante iniciativa popular ha sido avalada por 6.560 firmas de ciudadanos y ciudadanas del municipio de Sagunto.
 

Votación durante el Pleno.
 
Entre las mismas se encuentran: la solicitud al gobierno del Estado para que mediante un decreto ley dictado con carácter de urgencia, deje en suspenso y ordene revisar todos los desalojos en ejecución derivados de la ley hipotecaria, así como solicitar a las entidades financieras la suspensión de los expedientes de desalojo y la paralización de los procesos en curso para buscar soluciones alternativas con la intermediación del Ayuntamiento de Sagunto si fuera necesario; la constitución de un grupo de Trabajo Social Anti-desahucios o la negociación con las entidades financieras para llegar a un acuerdo para ofrecer las viviendas vacías en alquiler social asequible, entre otras.
Sin embargo, se ha descartado llevar al pleno la propuesta por la que el consistorio dejaría de trabajar con las entidades que ejecuten los desahucios y que también había demandado en principio la PAH, que ha sido retirada de la batería de acuerdos debido a su incompatibilidad legal, según informe de la Secretaría General.
 
María Dolores Giménez García, concejala delegada de Servicios Sociales. 


El Equipo de Gobierno durante el Pleno.